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El depósito de Castellolí (Anoia), el único de Catalunya que está autorizado para gestionar los residuos de fibrocemento, ha recibido 5.421 toneladas de amianto entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año. El total del 2009 fue de 16.827 toneladas, mientras que en el 2008 fueron 16.092. Unas cifras que demuestran que aún hay mucho material tóxico sembrado por el territorio. No existe ninguna normativa que obligue a los ciudadanos a retirar el amianto, ya que si la fibra no está rota, no causa problemas: los daños se generan al inhalar partículas de las piezas quebradas. Lo que no se puede hacer, si una persona está haciendo obras en casa, es lanzar los escombros de asbestos al contenedor. El propietario o los albañiles deberán contratar a una empresa especializada para que proceda al desmontaje y la correcta gestión de las piezas. Con un aliciente: desde el jueves pasado, la Agència de Residus de Catalunya (ARC), un organismo dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, subvenciona con 800 euros el desamiantado. OBRAS DE VIVIENDAS / Los beneficiarios de esta nueva ayuda económica serán las obras de viviendas y las rehabilitaciones menores, así como «la retirada de pequeñas cantidades hasta un máximo de una tonelada», indica la ARC. No obstante, quedarán excluidos de esta subvención los «andamios, excavaciones, grúas, plataformas…» Esta prestación pública por el servicio completo de desamiantado, recogida y transporte de los residuos hasta el vertedero de Castellolí será fija (los 800 euros) para cada actuación, advierte la ARC, que añade que «las solicitudes se resolverán periódicamente hasta que los recursos económicos de la subvención (que tiene un presupuesto de un millón de euros) se agoten. El beneficiario último de la ayuda será el particular, pero deberá ser la empresa especializada quien la solicite, tras presentar un presupuesto a la ARC que deberá estar firmado por el propietario del domicilio. LEGISLACIÓN TARDÍA / España prohibió la fabricación de productos que incluyeran amianto en junio del 2002. Muy tarde, puesto que una resolución del Parlamento Europeo ya declaró este mineral sustancia cancerígena en 1978. No obstante, también es cierto que la mayoría de países europeos no empezaron a vetarlo hasta la década de los 90, y la UE no prohibió su uso hasta 1999 (con un plazo de seis años para que los estados miembros incorporaran la normativa a su propia legislación). El Gobierno español estableció en 1982 la primera normativa sobre el amianto. Esta, sin embargo, solo se limitó a reclamar más seguridad a las empresas y a fijar la exposición máxima al material en dos fibras por centímetro cúbico. PETICIONES DESOÍDAS / La candidez normativa aún es menos comprensible si se tiene en cuenta que el Gobierno desoyó en 1984 las peticiones de los expertos de prohibir por completo la utilización del amianto en la industria. Así lo afirmó el mes pasado en el juicio de Uralita Juan Ignacio Camargo, uno de los tres médicos que formaban parte entonces de la Comisión Nacional de Seguimiento del Amianto. Según este facultativo, el Ejecutivo español desoyó su recomendación por «los costes laborales y empresariales» que suponía tomar esa medida. Camargo, que declaró como testigo a petición de Uralita, también explicó que las afecciones relacionadas con el asbesto están catalogadas como enfermedades laborales y que no hay estudios «fiables» que demuestren la incidencia medioambiental, en referencia a la demanda de los 47 vecinos del Vallès.

Fuente: El Periodico.

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